Seguridad Económica Planificada
Vik 
En realidad, la Estrategia no supone la adopción de medidas concretas pues, de hecho, el texto no ha sido adoptado por los gobiernos pero sí se plantea como el inicio de una conversación en la que tienen que participar todos los Estados miembros, incluidos aquellos que están más incómodos por alinearse ciegamente con Washington.
En los próximos meses, la Comisión Europea presentará propuestas concretas sobre resiliencia de las cadenas de suministro, una metodología para evaluar los riesgos y cómo coordinar las decisiones de las capitales nacionales para evitar una divergencia de políticas que hagan vulnerable a la Unión.
También habrá que ver cómo reaccionará China y en qué medida estas medidas son o no compatibles con la OMC, que la UE sigue diciendo que pretende preservar y reformar.
En cualquier caso, el hecho de que la Estrategia sea sólo una propuesta no evita que los acontecimientos se precipiten y la UE sufra las consecuencias de los choques entre otros bloques o de la presión de estos sobre algunos Estados miembros.
Tal y como antes se ha apuntado, el gobierno de los Países Bajos, presionado por EEUU, anunció unilateralmente el 30 de junio que restringiría las ventas de kits de fabricación de chips a China fundamentalmente, las sofisticadas máquinas de litografía de AMSL.
La reacción de las autoridades chinas ha sido muy acusada: el 3 de julio anunció, por primera vez, limitaciones a la exportación de materiales estratégicos: el galio y el germanio, metales utilizados en la fabricación de semiconductores de alta gama. Aunque dicha dependencia sea menos grave que la de otros materiales como tierras raras , esto es un claro indicador de que la UE ya va a empezar a sufrir los efectos de la guerra tecnológica entre China y EEUU.
El próximo paso podría ser el bloqueo estadounidense del acceso de China a servicios de computación en la nube que las empresas chinas de inteligencia artificial usan para aprovechar los procesadores de alta gama disponibles en estos servicios , donde la UE probablemente también sufriría las represalias.
En esas palabras se contiene el acuerdo que existe ahora mismo entre los 27 jefes de Estado o de gobierno. Pero que haya consenso sobre la importancia de la cuestión y sobre sus contenidos mínimos no esconde que en el seno de la UE convivan visiones muy distintas en lo relativo a la seguridad económica y la autonomía estratégica de Europa.
De hecho, la Estrategia no entra a fondo en los terrenos más espinosos precisamente para no topar con la oposición de muchos Estados miembros y no azuzar las discrepancias entre ellos sobre los peligros económicos y geopolíticos del desacople o, al contrario, de mantener una conexión excesiva.
El potencial de disenso interno se eleva aún más porque, como aquí se ha apuntado antes, el debate sobre la autonomía europea nació ligado a la seguridad y defensa hace ahora un cuarto de siglo, en la declaración franco-británica de St. Malo, y hace 10 años en el seno de la UE, cuando el Consejo Europeo mencionó por primera vez esa noción.
Y es bien conocida la diversidad de sensibilidades que existe en Europa sobre cómo combinar el objetivo de autonomía estratégica y la relación transatlántica o hasta qué punto alinearse cerradamente con Washington en la creciente rivalidad EEUU-China. De hecho, fue la experiencia vivida con Trump la que llevó a la entonces canciller alemana, Angela Merkel, a defender en la necesidad de que los europeos se hagan cargo de su destino.
Sin duda ha sido Francia quien más ha tratado de empujar aquí con un enfoque muy ambicioso y, por tanto, controvertido. Pero, al mismo tiempo, esa gran ambición es la que ha permitido que el debate trascienda el terreno de la defensa y que la UE hable de autonomía o de seguridad en terrenos más cercanos a sus competencias y donde es más fácil transar posiciones como son la industria, la energía, la digitalización y la alimentación.
También hay suspicacias sobre la postura alemana pues, además de ser junto a Francia uno de los principales practicantes de las ayudas de Estado a sus empresas, no supo gestionar la dependencia energética de Rusia hasta y ahora es de los países más vulnerables a la interdependencia industrial, tecnológica y comercial con China, lo que le hace ser acusado de excesivamente cauto en el objetivo del de-risking.
Las discrepancias entre los 27, y el celo de los gobiernos por preservar sus competencias, probablemente reduzcan la ambición de la Comisión y el alto representante sobre los contenidos de su propuesta de Estrategia, pero existen pocas dudas de que es necesario un enfoque estratégico europeo de seguridad económica.
En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, la UE necesita desarrollar el arte de usar sus medios económicos para conseguir sus objetivos de política exterior lo que en inglés se conoce como economic statecraft , un oficio muy poco ejercitado por ahora en la Unión.
En este sentido, la Estrategia supone un importante primer paso para tratar de garantizar la unidad de acción de los Estados miembros en el ámbito de la seguridad económica, algo cada vez más importante desde un punto de vista geopolítico, pero también fundamental para garantizar la integridad del mercado interior y proteger el alto grado de integración económica alcanzado.
Si la UE no logra definir sus intereses y visión en el ámbito de la seguridad económica, el escenario por defecto es que EEUU decidirá de forma unilateral a qué sectores o tecnologías deben aplicarse criterios de de-risking , dónde se puede comerciar y dónde no, y que busque aliados de forma ad hoc según su peso específico en distintas tecnologías y sectores.
La mencionada presión estadounidense a los Países Bajos en el caso de los semiconductores, consumada al margen de cualquier intervención de las instituciones europeas, es un buen ejemplo al respecto.
Un escenario de indefinición estratégica convertiría a Europa en objeto en la competición geoeconómica entre grandes potencias, principalmente EEUU y China. El objetivo de la Estrategia es, por tanto, mitigar ese escenario y esbozar los criterios que deben regir en este campo, allanando el camino para una Europa-sujeto.
De todos modos, una mayor unidad de acción europea en el ámbito de la seguridad económica no es óbice para un necesario refuerzo de la relación con EEUU. Al contrario: la idea es reforzar el diálogo transatlántico, pero hacerlo desde una posición de cohesión y fuerza europea. Algún éxito en esa dialéctica se está ya produciendo y, por ejemplo, la Administración Biden ha empezado a utilizar también la idea más matizada de de-risking para referirse a la relación con China.
En todo caso, tanto el de-risking como el decoupling se basan en introducir criterios geopolíticos y de seguridad en las transacciones económicas.
Numerosos expertos han criticado ambos conceptos y han resaltado el coste económico que ocasionan. Sin embargo, es importante abordar el problema de los costes teniendo en cuenta el largo plazo, así como la dimensión diplomática y política de esos costes.
El caso de Alemania con el NordStream II una tubería diseñada para exportar gas de Rusia a Alemania a través del Báltico es un buen ejemplo al respecto.
La decisión de Alemania en de cancelar el proyecto tras un acto de sabotaje sin duda ha tenido un gran efecto económico negativo. También hubiese tenido un impacto negativo cancelar el proyecto hace nueve años cuando, tras la anexión rusa de Crimea , EEUU insistió en la necesidad de reconsiderar NordStream II.
Pero hubiese sido mucho menor que en Es decir, cualquier valoración de los costes que puede acarrear el decoupling requiere un análisis de prospectiva sobre la posible evolución de las relaciones internacionales, incluidas las económicas.
Para que una Estrategia europea tenga éxito, es preciso que se dote de un marco institucional apropiado. Para ello sería recomendable que la próxima Comisión Europea tenga una cartera específicamente dedicada a potenciar la seguridad económica o la autonomía estratégica de la Unión.
Y eso implicaría establecer también una dirección general transversal, capaz de coordinar las direcciones generales relevantes para estos asuntos como son Comercio, Competencia, Mercado Interior y Política Industrial, Energía, Defensa, Presupuesto y, evidentemente, el Servicio Europeo de Acción Exterior SEAE.
Aunque cabría encargar esta labor al alto representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad también vicepresidente de la Comisión , tal como está configurada la Unión quizás es más práctico que primero se coordine la Comisión internamente y luego se realice esa cooperación con el SEAE.
Asimismo, se requerirá un buen trabajo de diagnóstico y análisis del estado actual de las relaciones de poder internacionales y económicas. Sólo así se podrán identificar las excesivas dependencias, los riesgos asociados a las mismas y las acciones que se deben adoptar para reducir esos riesgos.
La prospectiva y la planificación de posibles escenarios no debe sólo consistir en prepararse para las posibles contingencias del futuro, sino que tiene que venir asociada a una cultura estratégica centrada en moldear el futuro.
Para todo ello es imprescindible que la Unión tenga las capacidades de inteligencia económica necesarias y que haya una coordinación entre el análisis y la identificación de vulnerabilidades, y de cómo afrontarlas y superarlas, entre la Comisión Europea y los Estados miembros, con metodologías crecientemente armonizadas.
Este proceso de análisis y de acción estratégica debe ser, además, lo más autónomo posible de países terceros. La UE y sus Estados miembros tienen intereses propios, diferentes a los de las otras grandes potencias, incluido EEUU, y para ello necesita una capacidad de economic statectaft independiente.
En paralelo, es necesario fortalecer el propio mercado interior. Además, en plena era digital, se necesita sumar a estos cuatro elementos un quinto: la libre circulación, dentro de lo que cabe, de datos, y para eso, como en muchos de los otros ámbitos, se necesita una mayor cooperación entre los diferentes niveles administrativos, desde Bruselas hasta cada uno de los municipios de los Estados miembros lo que se conoce como la gobernanza multinivel así como entre el sector público y el privado.
Se viene repitiendo incesantemente que hay que profundizar en el mercado único, la unión bancaria y de capitales, pero es hora de determinar qué pasos concretos se pueden realizar para conseguir esos objetivos.
Para ello, la UE debería explotar mucho más el privilegio que supone emitir la segunda moneda internacional por excelencia. España tiene un papel relevante en este gran debate, tanto por su contribución objetiva a la seguridad económica europea como por el protagonismo que ha querido asumir a la hora de definir e impulsar la autonomía estratégica.
La contribución objetiva no es sólo cuantitativa, en su calidad de cuarto país de la UE, sino que es también cualitativa; tal y como se refleja en los índices que miden lo que cada Estado miembro aporta en términos relativos a la soberanía económica del continente, donde España queda por encima de la media y del puesto que a priori le correspondería por su PIB per cápita.
Pero es que, además, España viene desempeñando en los últimos años un papel proactivo a la hora de construir una Unión más estratégica. En marzo de presentó junto a los Países Bajos un non-paper sobre autonomía estratégica que, como se constata por la identidad de con quien se asociaba, trataba expresamente de conciliar distintas posturas dentro de la UE, incluyendo el énfasis en una economía abierta, la integridad del Mercado Interior, el reforzamiento del euro en los mercados globales y la necesidad de más proyección geopolítica compatible con el vínculo transatlántico.
En la segunda mitad de , además, ejerce la responsabilidad de la presidencia rotatoria del Consejo de la UE y ha incluido esta cuestión entre sus prioridades hasta el punto de dedicarle una reunión informal de los miembros del Consejo Europeo, que está programada para octubre en Granada.
En esa cumbre monográfica se pretende aprobar un documento que está coordinando España y en el que han trabajado la Comisión, el gabinete de Charles Michel y los demás gobiernos nacionales y en el que se abordan dependencias estratégicas en cuatro ámbitos críticos: alimentación, salud, energía y tecnología.
Pese a ese cierto liderazgo de España, todavía hay muchos deberes pendientes que desarrollar en casa. Por lo que se refiere a la defensa, la Estrategia de Seguridad Nacional de España vigente de recoge el concepto de autonomía estratégica, más amplio que el de seguridad y defensa, pero alejado del concepto de seguridad económica barajado en la UE para hacer frente a la competición geopolítica en curso.
Al igual que ha ocurrido en la UE, la Estrategia española debería asumir y desarrollar que la seguridad económica es un concepto que trasciende el de autonomía estratégica y que, por lo tanto, exige definir unas líneas de actuación que las estrategias anteriores no precisan. El primer paso, en este sentido, tiene que ser el definir bien los intereses nacionales, una labor complicada pero imprescindible si se quiere tener influencia en las políticas de la Unión.
Estos intereses tienen que basarse sobre tres pilares que, por ahora afortunadamente, cuentan con un gran consenso doméstico: la firme apuesta por una unión cada vez más estrecha y democrática; la preservación de un orden económico relativamente abierto; y el multilateralismo como el mejor método para la gobernanza de los bienes y desafíos públicos globales.
España debe estar entre los países que defienden una mayor autonomía estratégica y seguridad económica, pero también velar por que estos cambios no aceleren la dinámica proteccionista observada en los últimos 10 años. Los nuevos instrumentos de economic statecraft de la UE, aunque bienvenidos, pueden generar una reacción en contra en otros países y eso puede ser peligroso.
Sin ninguna duda la relación con China va a ser de las más importantes en las próximas décadas y ahí España tiene que definir y defender acertadamente sus intereses.
Para ello podría ser conveniente elaborar una estrategia sobre China —como ya han hecho muchos otros países de la Unión— o por lo menos lograr un consenso entre los dos grandes partidos nacionales.
También sería conveniente crear una comisión interministerial que replique a nivel nacional la posible estructura de coordinación europea sobre asuntos estratégicos. Lo más normal es que esta comisión tuviese una estructura permanente y se ubicase en el entorno de la Presidencia del Gobierno, pero también podría tener un formato más rotatorio entre los ministerios concernidos para darle un carácter más horizontal.
En la nueva legislatura, tanto a nivel nacional como europeo hay elecciones al Parlamento Europeo en , España puede ejercer un papel clave como puente de diferentes visiones y tensiones estratégicas, tanto dentro de la UE como en sus relaciones con terceros países.
Fuera de la Unión, el objetivo español debería ser implicarse más en el diálogo constructivo con EEUU para convencerlo de que una UE con mayor autonomía estratégica, incluso en el ámbito de seguridad y defensa, fortalece más que debilita la OTAN al mismo tiempo que la UE tiene que evitar la política de bloques y una nueva guerra fría porque eso dañaría sus intereses económicos.
También en este caso España, como potencia media y con cierto poder blando, puede ser un actor constructivo en las relaciones con América Latina, África e incluso con muchas partes de Asia. En gran medida, supone un refuerzo de la alianza estratégica con EEUU, pero en el contexto de una gran indefinición europea sobre cuáles deberían ser sus prioridades geopolíticas.
El problema, sin embargo, es que se está produciendo un cambio de paradigma económico del que Europa sufrirá las consecuencias, adopte o no una Estrategia de Seguridad Económica.
La visión basada en la idea liberal de las ventajas comparativas está dando paso a otra en la que importan más las ganancias y pérdidas relativas frente a las potencias percibidas como rivales. Si la propia UE afirma que la seguridad económica, la autonomía energética, la resiliencia de las cadenas de suministro y la supremacía tecnológica son ahora tan importantes o más que el mantenimiento de mercados abiertos y el aumento de la eficiencia, es que algo profundo está cambiando en la economía global.
Por ejemplo, en una economía planificada centralmente como China, las empresas estatales SOE dominan sectores como energía, telecomunicaciones y banca. El gobierno puede dirigir a estas entidades que alineen sus actividades con objetivos y prioridades nacionales.
Asignación de recursos: la propiedad estatal permite a los gobiernos asignar recursos basados en las necesidades sociales en lugar de las fuerzas del mercado solas. Esto puede ser particularmente beneficioso en los sectores que son esenciales para el bienestar público, pero que pueden no ser lo suficientemente rentables para la inversión privada.
Por ejemplo, los sistemas de salud estatales aseguran el acceso universal a los servicios de salud al priorizar la asequibilidad y la disponibilidad sobre la rentabilidad. Bienestar social: los proponentes argumentan que la propiedad del estado promueve el bienestar social al garantizar el acceso a bienes y servicios esenciales para todos los ciudadanos.
Al controlar industrias clave, como educación, atención médica, transporte y servicios públicos, los gobiernos pueden regular los precios y los estándares de calidad para evitar la explotación o la exclusión de ciertos segmentos de la sociedad.
Este enfoque tiene como objetivo reducir la desigualdad de ingresos y proporcionar igualdad de oportunidades para todos. Fallas reducidas del mercado: la propiedad estatal puede ayudar a mitigar las fallas del mercado al proporcionar bienes públicos o corregir las externalidades que las entidades privadas pueden descuidar debido a los motivos de ganancias.
Por ejemplo, las empresas estatales en los sectores de energía renovable pueden priorizar las inversiones en tecnologías limpias a pesar de la potencial rentabilidad menor, contribuyendo a la sostenibilidad ambiental. Falta de competencia e innovación: los críticos argumentan que la propiedad estatal a menudo conduce a una falta de competencia, sofocando la innovación y la eficiencia.
Sin las fuerzas del mercado que impulsan la competencia, puede haber menos incentivos para que las empresas estatales innoven o mejoren su rendimiento.
Esto puede resultar en ineficiencias, menor productividad y una reducción de la elección del consumidor. Por ejemplo, en economías planificadas centralmente como Corea del Norte, donde el estado tiene el monopolio sobre la mayoría de las industrias, existe un alcance limitado para el emprendimiento privado e innovación.
Una base para el dominio del sector público - Dominio del sector publico una caracteristica clave de las economias planificadas centralmente.
El empleo del sector público y la seguridad laboral son características clave de las economías planificadas centralmente.
En estas economías, el gobierno desempeña un papel dominante en el control y la dirección de actividades económicas, incluida la asignación de recursos y la provisión de bienes y servicios. Como resultado, el sector público se convierte en el empleador principal, ofreciendo una amplia gama de oportunidades de trabajo para la población.
Desde una perspectiva, el empleo del sector público en economías planificadas centralmente puede verse como un aspecto positivo. Proporciona estabilidad y seguridad laboral a los trabajadores , ya que el gobierno a menudo se considera un empleador confiable.
A diferencia de las economías basadas en el mercado donde los empleos del sector privado pueden estar sujetos a fluctuaciones y despidos durante las recesiones económicas, los empleados del sector público en economías planificadas centralmente generalmente disfrutan de una mayor estabilidad laboral.
Sector público extenso: las economías planificadas centralmente generalmente tienen un sector público extenso que abarca diversas industrias , como educación, atención médica, transporte y servicios públicos.
Esto crea una amplia gama de oportunidades de empleo para personas que buscan trabajos estables con beneficios. Empleo garantizado: en algunas economías planificadas centralmente, como la antigua Unión Soviética, había una política de empleo garantizado para todos los ciudadanos.
Esto significaba que las personas tenían derecho a un trabajo proporcionado por el estado, asegurando un cierto nivel de ingresos y seguridad social. Medidas de seguridad laboral: el sector público en economías planificadas centralmente a menudo implementa medidas para proteger la seguridad laboral de los trabajadores.
Por ejemplo, las estrictas leyes laborales pueden dificultar que los empleadores rescindan a los empleados sin razones válidas o una compensación adecuada. beneficios y bienestar social : los empleados del sector público en economías planificadas centralmente a menudo reciben paquetes de beneficios integrales que incluyen cobertura de atención médica , pensiones y otras disposiciones de bienestar social.
Estos beneficios contribuyen a un sentido de seguridad entre los trabajadores y sus familias. Sin embargo, también hay inconvenientes asociados con el dominio del sector público en economías planificadas centralmente:. Falta de eficiencia: la presencia extensa del sector público puede conducir a ineficiencias debido a la burocracia burocrática y la falta de competencia.
Esto puede obstaculizar el crecimiento económico y la innovación dentro de la economía. Movilidad profesional limitada: en economías planificadas centralmente, los empleos del sector público pueden ofrecer oportunidades limitadas para el avance profesional y el crecimiento profesional.
Esto puede resultar en una falta de motivación y productividad entre los empleados. Interconación errónea de los recursos: el dominio del sector público puede conducir a la mala asignación de recursos , ya que las decisiones con respecto a la asignación de recursos a menudo son impulsadas por consideraciones políticas en lugar de las fuerzas del mercado.
Esto puede resultar en ineficiencias y la utilización subóptima de los recursos. Falta de flexibilidad: la naturaleza rígida de las economías planificadas centralmente puede limitar la capacidad de adaptarse a las condiciones económicas cambiantes.
La inversión en el sector público y el desarrollo de infraestructura juegan un papel crucial en las economías planificadas centralmente. Estas economías se caracterizan por el dominio del sector público, donde el gobierno controla y dirige las actividades económicas.
En tales sistemas, el gobierno asume la responsabilidad de asignar recursos, tomar decisiones de inversión e impulsar el desarrollo de la infraestructura para promover el crecimiento económico y el bienestar social.
Desde una perspectiva económica, la inversión del sector público puede estimular la demanda agregada y impulsar la actividad económica. Al inyectar fondos en proyectos de infraestructura como carreteras, puentes, aeropuertos y centrales eléctricas , los gobiernos crean empleos y generan ingresos para trabajadores y empresas involucradas en estos proyectos.
Este mayor gasto puede tener un efecto multiplicador en la economía, lo que lleva a un mayor crecimiento y desarrollo. Además, la inversión del sector público en infraestructura puede mejorar la productividad y la competitividad. Las redes de transporte bien desarrolladas, el suministro de energía confiable y los sistemas de comunicación eficientes son esenciales para que las empresas operen sin problemas.
Por ejemplo, un país con una infraestructura portuaria modernizada puede atraer más oportunidades de comercio internacional e inversión. Del mismo modo, una red de telecomunicaciones robusta permite un intercambio de información más rápido y facilita la innovación.
Planificación estratégica: las economías planificadas centralmente a menudo participan en la planificación estratégica a largo plazo para identificar áreas prioritarias para el desarrollo de infraestructura.
El gobierno establece objetivos y objetivos basados en prioridades nacionales, como mejorar la conectividad o promover fuentes de energía sostenibles.
Mecanismos de financiación: los gobiernos emplean varios mecanismos de financiación para financiar proyectos de infraestructura. Estos pueden incluir asignaciones presupuestarias , préstamos de fuentes nacionales o internacionales , asociaciones público-privadas PPP o inversión extranjera directa IED.
Los PPP permiten que las entidades privadas colaboren con el gobierno en la financiación y la gestión de proyectos infraestructura.
disparidades regionales : la inversión del sector público en infraestructura tiene como objetivo reducir las disparidades regionales asegurando el desarrollo equitativo en diferentes áreas dentro de un país.
Por ejemplo, los gobiernos pueden invertir en escuelas de construcción, hospitales o sistemas de riego en regiones subdesarrolladas para mejorar el nivel de vida y promover el crecimiento inclusivo. Impacto social: el desarrollo de infraestructura impulsado por la inversión en el sector público puede tener importantes beneficios sociales.
Por ejemplo, la construcción de proyectos de vivienda asequible puede abordar la escasez de viviendas y mejorar las condiciones de vida para las familias de bajos ingresos.
Del mismo modo, las inversiones en instalaciones de atención médica pueden mejorar el acceso a los servicios de salud de calidad , particularmente en las zonas rurales. Sostenibilidad ambiental: la inversión del sector público en infraestructura se centra cada vez más en promover la sostenibilidad ambiental.
Los gobiernos invierten en proyectos de energía renovable , sistemas de gestión de residuos y redes de transporte ecológicas para reducir las emisiones de carbono y mitigar los impactos del cambio climático.
Estudio de caso: la Iniciativa Belt and Road de China BRI es un excelente ejemplo de desarrollo de infraestructura de impulso del sector público. Lanzado en ,. Empleo del sector público y seguridad laboral en economías planificadas centralmente - Dominio del sector publico una caracteristica clave de las economias planificadas centralmente.
Los servicios públicos y los programas de bienestar juegan un papel crucial para garantizar la igualdad social dentro de las economías planificadas centralmente. Estos programas están diseñados para proporcionar servicios y apoyo esenciales a todos los miembros de la sociedad, independientemente de su estado socioeconómico.
Al ofrecer acceso a la atención médica, la educación, la vivienda y otras necesidades básicas , estas iniciativas tienen como objetivo cerrar la brecha entre los ricos y los pobres, promoviendo una sociedad más equitativa.
Desde una perspectiva socialista, los servicios públicos y los programas de bienestar se consideran pilares fundamentales de una sociedad justa. Creen que es responsabilidad del estado garantizar que cada ciudadano tenga el mismo acceso a los servicios esenciales.
Al proporcionar estos servicios gratuitos o a un costo subsidiado, el gobierno puede ayudar a nivelar el campo de juego y reducir las desigualdades que surgen de las diferencias en los ingresos o la riqueza.
Por otro lado, los críticos argumentan que los servicios públicos y los programas de bienestar pueden conducir a ineficiencias y dependencia del estado. Afirman que cuando el gobierno controla y proporciona la mayoría de los servicios esenciales, desalienta la iniciativa individual y la innovación.
Además, argumentan que tales programas pueden crear una cultura de derecho donde las personas dependen de la asistencia del gobierno en lugar de luchar por la autosuficiencia. A pesar de estos diferentes puntos de vista , no se puede negar el impacto positivo que los servicios públicos y los programas de bienestar pueden tener en la sociedad.
Aquí hay algunas ideas clave sobre cómo estas iniciativas contribuyen a la igualdad social:. Acceso universal: los servicios públicos aseguran que todos tengan acceso a bienes y servicios esenciales , independientemente de su situación financiera.
Por ejemplo, en economías planificadas centralmente como Suecia o Noruega, la atención médica se proporciona como un derecho universal. Esto significa que incluso aquellos con ingresos más bajos pueden recibir atención médica de calidad sin enfrentar cargas financieras.
Reducción de la desigualdad de ingresos: los programas de bienestar tienen como objetivo redistribuir la riqueza al proporcionar asistencia financiera a los necesitados.
A través de sistemas de impuestos progresivos y transferencias de ingresos, los gobiernos pueden ayudar a reducir la desigualdad de ingresos al garantizar que las personas más ricas contribuyan más a apoyar a aquellos que son menos afortunados.
Oportunidades de igualación: la educación es otra área crítica donde los servicios públicos pueden promover la igualdad social. Al proporcionar educación gratuita o asequible, los gobiernos pueden asegurarse de que todos los niños tengan acceso a una educación de calidad , independientemente de sus antecedentes socioeconómicos.
Esto ayuda a nivelar el campo de juego y ofrece igualdad de oportunidades para la movilidad ascendente. Redes de seguridad: los programas de bienestar actúan como redes de seguridad para las personas que enfrentan dificultades temporales o a largo plazo.
Los beneficios de desempleo, el apoyo a la discapacidad y los programas de asistencia social proporcionan una línea de vida para aquellos que no pueden mantenerse financieramente. Estos programas ayudan a prevenir la pobreza extrema y proporcionan un nivel de vida básico para las poblaciones vulnerables.
Garantizar la igualdad social - Dominio del sector publico una caracteristica clave de las economias planificadas centralmente.
El dominio del sector público es una característica clave de las economías planificadas centralmente, donde el gobierno desempeña un papel central en la toma de decisiones económicas y controla la mayoría de los recursos e industrias.
Si bien este enfoque puede tener sus ventajas , también presenta varios desafíos y ha enfrentado críticas desde varias perspectivas. En esta sección, exploraremos algunos de estos desafíos y críticas, arrojando luz sobre las complejidades asociadas con el dominio del sector público en economías planificadas centralmente.
Falta de eficiencia: una de las principales críticas al dominio del sector público es la falta de eficiencia que a menudo lo acompaña. La planificación central puede conducir a ineficiencias burocráticas, ya que los procesos de toma de decisiones se vuelven lentos y engorrosos.
La ausencia de la competencia del mercado puede sofocar la innovación y la productividad, lo que resulta en una asignación de recursos subóptimos y un menor crecimiento económico general.
Por ejemplo, en economías planificadas centralmente como la antigua Unión Soviética, la burocracia excesiva obstaculizó la toma de decisiones oportunas y obstaculizó el progreso económico.
Elección limitada del consumidor: otro desafío asociado con el dominio del sector público es la elección limitada del consumidor. En las economías planificadas centralmente, el gobierno generalmente controla una parte significativa de las industrias, lo que lleva a la falta de diversidad en productos y servicios disponibles para los consumidores.
Esta falta de competencia puede dar lugar a una calidad y variedad reducidos, así como a precios más altos debido a la ausencia de fuerzas del mercado que reducen los costos. Por ejemplo, durante la era de las economías planificadas centralmente en Europa del Este, los consumidores a menudo enfrentaban opciones limitadas para bienes y servicios en comparación con sus homólogos en las economías basadas en el mercado.
Interconación errónea de los recursos: el dominio del sector público también puede conducir a la mala asignación de recursos dentro de una economía. En las economías planificadas centralmente, las decisiones con respecto a la asignación de recursos son tomadas principalmente por funcionarios gubernamentales en lugar de ser guiadas por fuerzas del mercado como la oferta y la demanda.
Este enfoque de arriba hacia abajo puede dar lugar a una asignación ineficiente, ya que las decisiones pueden verse influenciadas por consideraciones políticas en lugar de la viabilidad económica. Como consecuencia, los recursos pueden dirigirse a sectores improductivos o favorables políticamente a expensas de los más económicamente viables.
Falta de incentivos para la innovación: la ausencia de competencia en el mercado en economías planificadas centralmente puede crear un desincentivo para la innovación.
Sin la presión de competir y adaptarse a las demandas de los consumidores, puede haber menos motivación para que las empresas e individuos inviertan en investigación y desarrollo o realicen esfuerzos empresariales. Esta falta de innovación puede obstaculizar el progreso tecnológico y limitar el potencial de crecimiento económico.
Por ejemplo, durante la era de las economías planificadas centralmente, países como la Unión Soviética se quedaron atrás de sus homólogos basados en el mercado en términos de avances tecnológicos. Corrupción y comportamiento de búsqueda de alquileres : el dominio del sector público también puede contribuir a la corrupción.
Desafíos y críticas al dominio del sector público en economías planificadas centralmente - Dominio del sector publico una caracteristica clave de las economias planificadas centralmente. Al examinar las economías planificadas centralmente, una característica clave que se destaca es el dominio del sector público.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que el alcance y la naturaleza de este dominio pueden variar en diferentes países. En esta sección, profundizaremos en los matices del dominio del sector público en varias economías planificadas centralmente, explorando ideas desde diferentes perspectivas y proporcionando información en profundidad a través de una lista numerada.
Grado de control estatal: mientras que todas las economías planificadas centralmente exhiben un alto nivel de control estatal sobre las actividades económicas, el grado de control puede diferir significativamente. Por ejemplo, en países como Corea del Norte y Cuba, el estado ejerce un control casi total sobre todos los sectores de la economía, incluida la producción, la distribución y los precios.
Por otro lado, China ha adoptado un enfoque más orientado al mercado con políticas de liberalización gradual, lo que permite un mayor papel de las empresas privadas junto con las empresas estatales SOE.
Tamaño y alcance de las empresas estatales: las empresas estatales juegan un papel crucial en las economías planificadas centralmente, ya que a menudo son responsables de las principales industrias y sectores estratégicos.
El tamaño y el alcance de estas empresas pueden variar ampliamente en diferentes países. Por ejemplo, en la antigua Unión Soviética, los SOE no solo prevalecían sino que también representaron una participación significativa de la economía nacional. Por el contrario, países como Vietnam han seguido extensos programas de privatización para reducir el dominio de las empresas estatales y alentar la participación del sector privado.
Mecanismos de planificación central: los mecanismos utilizados para la planificación central también pueden diferir entre las economías planificadas centralmente.
En algunos países, como Cuba y Corea del Norte, la planificación central está altamente centralizada con la toma de decisiones concentrada en los niveles superiores de gobierno.
La seguridad económica ha pasado a situarse en la primera línea de los debates de política económica, después de que una serie de crisis —las más recientes Missing El empleo del sector público y la seguridad laboral son características clave de las economías planificadas inep.info estas economías, el
